19.01.17 La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER) ha remitido sendas misivas a los ministerios de Interior y Medio Ambiente en los que informa a sus responsables que las cargas administrativas que impone la Administración a los gestores de residuos pone en serio riesgo la viabilidad de las empresas que se dedican a la conversión de residuos en recursos en España.
A través de su directora general, Alicia García-Franco, la federación lamenta en la carta remitida que “pese a todos los llamamientos realizados por parte de la Administración General del Estado, de la OCDE y de la Unión Europea, hemos constatado que, tristemente, en el ámbito de la gestión de residuos la carga burocrática es cada vez mayor”.
La FER cita como ejemplo que el pasado 14 de julio el Ministerio de Hacienda y las patronales CEOE y CEPYME firmaron el octavo convenio de colaboración para la reducción de las cargas administrativas que soportan las empresas.
“Además, en las últimas normas y adaptaciones legislativas de importancia en el ámbito de los residuos no solo no se reducen esas cargas, sino que se incrementan exponencialmente”, añade García-Franco.
En la misiva que ha remitido FER a Interior y Medio Ambiente, la patronal del reciclaje adjunta un estudio propio en el que se analizan los costes derivados de las cargas burocráticas y administrativas para las empresas, en relación a los datos obtenidos en el registro de obligaciones burocráticas por razón de normativa ambiental y en cumplimentar el archivo cronológico (artículo 40 de la Ley 22/2011).
FER ha estimado que los gastos derivados de estos trámites suponen para cada empresa, independientemente de su volumen de facturación en un sector formado mayoritariamente por pymes, unos 20.000 euros anuales. “Es una cifra que pudiera no parecer desorbitada”, advierte García-Franco, “pero el trabajo de las empresas recuperadoras no es el de reportar datos, sino el de gestionar adecuadamente los residuos, por lo que estos gastos suponen una carga impuesta”.
La federación sostiene que en aplicación del principio de eficiencia, la normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
Por último, Alicia García-Franco denuncia que frente a esta situación, en la que las empresas legales que cumplen con sus obligaciones tiene cada vez más costes y trabas burocráticas, las empresas ilegales operan al margen de estos registros y obligaciones administrativas y sus costes derivados, “pues quien actúa sin autorización tampoco se preocupa de cumplir con ellas y operan en el mercado de la recuperación ejerciendo una clara competencia desleal frente a los gestores autorizados y con grave peligro para el medio ambiente”.
SOBRE FER
La Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje fue creada en 1982 con el fin de agrupar y defender los intereses de las empresas dedicadas al reciclaje de residuos en los distintos ámbitos económicos, sociales y medioambientales. FER cuenta en la actualidad con más de 230 socios y representa a más de 435 empresas gestoras de residuos.
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